Marzo marcó un importante hito en el avance de políticas públicas para enfrentar el cambio climático en Massachussets: Después de años de esfuerzo y trabajo, y después de dos vetos impuestos por el Gobernador Charlie Baker, el congreso de Massachusetts aprobó un proyecto de ley que busca implementar soluciones para combatir el cambio climático, avanzar en temas de justicia ambiental, y fortalecer el progreso de la energía limpia y el transporte limpio. La diferencia esta vez es que el proyecto de ley fue firmado por el Gobernador Baker convirtiéndolo así en ley.
Esta nueva ley, el Acto Legislativo para Crear un Camino para una Política Climática en Massachusetts, es el resultado de años de trabajo, diálogos, negociaciones y mucho esfuerzo de un sinnúmero de organizaciones, legisladoras/es, coaliciones, y en general personas a las que les importa tener un mundo saludable donde se pueda vivir ahora y en el futuro. La aprobación de esta ley es una gran victoria, dado todo el trabajo que se requirió para convertirla en una realidad para el estado.
¡Les comparto 5 razones por las que celebro esta nueva ley!
1. La ley establece una visión y una trayectoria clara para reducir las emisiones de dióxido de carbono y hacer frente al cambio climático
A partir de ahora, Massachusetts tiene por mandato que a más tardar para el 2050 debe reducir a cero sus emisiones netas de dióxido de carbono, alineado con las metas del Acuerdo de París. La ley también reconoce que la trayectoria que usemos para llegar a la visión de cero emisiones netas es importante, por esto requiere que para el 2030 halla una reducción de emisiones de dióxido de carbono de por lo menos un 50 por ciento por debajo de los niveles de 1990, y una reducción de por lo menos un 75 por ciento para el año 2040.
La ley también establece de manera clara metas para cada sector de la economía y para cada una de las metas interinas (2030 y 2040). Esto significa que ningún sector (electricidad, transporte, edificios comerciales e industriales, edificios residenciales, procesos industriales, y distribución de gas) puede ser un free rider (u oportunista). Significa también que el estado entiende que para combatir el cambio climático todos debemos ponernos ¡manos a la obra!
Un reporte del 2020 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), confirmó que este siglo el planeta puede llegar a ver un incremento de 3 grados Celsius en la temperatura global si no hay una reducción rápida y drástica en las emisiones de dióxido de carbono. Así que esta ley, definitivamente, me da esperanza que todavía podemos prevenir un pronóstico tan sombrío como el del reporte de la ONU.
2. La ley provee herramientas para garantizar que se proteja la vida y la salud de comunidades designadas como de justicia ambiental
Las inequidades socioeconómicas y ambientales han afectado de manera sistemática y desproporcionada a comunidades negras, mestizas, indígenas, inmigrantes y de bajos ingresos. Las inequidades que estas comunidades sufren, incluyendo el ser expuestas a niveles tóxicos de partículas finas en el aire, han aumentado el riesgo de infección y muerte a causa del virus COVID-19.
Ya basta. Necesitamos asegurarnos que no perpetuemos estas inequidades bajo la excusa de tomar acción frente al cambio climático. Por eso estoy agradecida que esta ley empieza a corregir el daño hecho al proveer garantías para la protección de comunidades de justicia ambiental. Dos aspectos claves de resaltar incluyen que se define por ley lo que constituye una comunidad de justicia ambiental; así mismo, se requiere una evaluación de la acumulación de impactos a la salud, en o cercanos a comunidades de justicia ambiental, para prevenir que estos barrios en particular sigan siendo expuestos a mas cargas medioambientales e industriales.
Este importante componente de la ley se debe a los esfuerzos concertados de una gran cantidad de defensores/as y activistas de comunidades de justicia ambiental y aliadas/os en el Congreso de Massachusetts. Mi admiración para las/los lideres comunitarias/os de GreenRoots, Neighbor to Neighbor, Alternatives for Community and Environment, Coalition for Social Justice, El North American Indian Center of Boston y la Mesa para la Justicia Ambiental de Massachusetts. Mi gratitud también para las/los patrocinadoras/es del componente de justicia ambiental de la ley, la Representante Michelle DuBois, la Representante Liz Miranda, el Representante Adrian Madaro, el Senador Jamie Eldrige y el Senador Sal DiDomenico. Esta es una gran victoria para el movimiento de justicia ambiental y sus esfuerzos de más de 20 años en Massachusetts.
3. La ley fortalece los esfuerzos en temas de energía y transporte limpios, componentes claves de una transición energética
Para ayudar a alcanzar las metas específicas por sector que mencioné anteriormente, la ley tiene disposiciones importantes para asegurar que Massachusetts continúe su progreso en energía limpia, y para electrificar el sector del transporte. En el sector eléctrico, la ley exige que las compañías de servicios públicos cubran por lo menos el 40 por ciento de la demanda eléctrica de sus consumidoras/es con nuevas fuentes de generación renovable para el año 2030. También incrementó los requerimientos del estado de energía eólica marina de 3,200 a 5,600 megavatios, suficiente para cubrir alrededor de la mitad de la demanda eléctrica de Massachusetts. La ley también incluye disposiciones que buscan hacer que la energía solar sea más económica y accesible para los hogares y negocios de Massachusetts.
El sector del transporte es el único en Massachusetts donde las emisiones son más altas hoy que lo que eran en 1990. La ley busca comenzar a corregir esta situación a través del establecimiento de metas para aumentar la adopción de vehículos eléctricos y estaciones de carga. Como dice mi colega Paulina Muratore: “No podemos resolver el problema del cambio climático sin hacerle frente a la contaminación emitida por carros, tractores y buses”.
Dado el previsible aumento de la demanda eléctrica debido a la electrificación de la calefacción y del transporte, y teniendo en cuenta las consecuencias adversas para el clima y la salud pública que conlleva el uso de combustibles fósiles como el gas para generar electricidad, aplaudo los pasos tomados con la aprobación de esta Ley para incrementar la cantidad de energía renovable en el estado.
4. La ley le pone atención al desarrollo de la fuerza laboral, vital para la recuperación de nuestra economía
Un valioso beneficio de la energía limpia es la creación de empleos. El Centro para la Energía Limpia de Massachusetts (MassCEC por sus siglas en inglés) calcula que en el estado habían 114,000 trabajadoras/es en la industria de energía limpia a finales del 2019. Sin embargo, desde que empezó la pandemia hubo una pérdida neta de 14,000 trabajadoras/es de marzo a septiembre del 2020.
Ahora que nuestra economía empieza a explorar opciones para la recuperación económica, celebro que la nueva ley para enfrentar el cambio climático va un paso adelante y además de aumentar a $12 millones por año los recursos del MassCEC, requiere que esta agencia establezca programas de capacitación laboral dirigidos a empresas pequeñas que certifiquen que sus dueños pertenecen a minorías étnicas o mujeres, a personas que vivan en comunidades de justicia ambiental; y a trabajadoras/es y ex-trabajadoras/es de la industria de combustibles fósiles.
La energía limpia tiene un papel fundamental que jugar en los esfuerzos de recuperación económica. Esta ley también entiende que debemos asegurar una transición económica justa donde no dejamos a nadie olvidado.
5. Dos agencias energéticas claves tienen por prioridad incluir la reducción de emisiones en sus procesos de toma de decisiones
A partir de ahora, MassSave (el programa estatal de eficiencia energética) y el Departamento de Servicios Públicos (DPU por sus siglas en inglés; la agencia que regula a las empresas eléctricas, de gas y agua) deben incluir como una prioridad en su trabajo la disminución de dióxido de carbono. En términos de eficiencia energética, esto significa que los incentivos financieros deben priorizar mejoras de eficiencia que nos ayuden a disminuir el uso combustibles fósiles; por ejemplo, instalar una bomba de calor eléctrica en vez de un sistema de calefacción a gas. Para el DPU, sus prioridades pasaron de ser 3 (confiabilidad, protección y asequibilidad) a 6 (agregando reducciones de emisiones, equidad y seguridad). Esto es crucial ya que en la DPU es donde se decide el costo de la energía y se aprueban los contratos de energía.
Es alentador ver que, tanto MassSave como la DPU, deberán por ley apoyar la implementación de esta nueva legislación. Estas agencias estatales tienen un papel fundamental que jugar para ayudarnos a priorizar ahora inversiones energéticas inteligentes frente al cambio climático.
No podemos parar aquí. ¡Mas celebremos por hoy!
Esta ley es un cimiento sólido construido sobre su predecesor, el Acto Legislativo para Soluciones al Calentamiento Global del 2008. Como con cualquiera ley nueva, tenemos mucho trabajo por delante para implementarla de la mejor manera, y para continuar promoviendo una economía limpia, vibrante y equitativa. Hay diferentes proyectos de ley en curso que serán importantes para seguir construyendo sobre este este cimiento. Todo esto es bueno porque no podemos darnos el lujo parar aquí.
Por ahora, ¡Les invito a tomar una breve pausa y celebrar que tenemos una nueva ley para enfrentar el cambio climático!