La Dra. Adi Martínez-Román del Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia de la Universidad de Puerto Rico es co-autora de este escrito.
Las islas y su gente son más vulnerables a los impactos climáticos que las jurisdicciones continentales y se encuentran más desprotegidas de los estragos climáticos que cada vez son más feroces. El porqué de su vulnerabilidad está relacionado al cambio climático, pero más directamente al efecto de decisiones humanas. Es por esto urgente que se atiendan sus problemas de forma decisiva y efectiva, y que no escatimemos en recursos y estrategias para lograr proteger sus entornos ambientales y socio-económicos.
Y es que, con el cambio climático, los territorios insulares cada vez sufren más por huracanes o tifones y no pueden resistir los daños causados por los vientos y marejadas ciclónicas que éstos traen consigo. La cantidad de agua potable que las islas reciben en forma de lluvia es limitada por lo que se pueda recoger en sus zonas terrestres, y la confiabilidad en que llueva en cantidades similares a años pasados se reduce por el calentamiento global. También, el incremento en el nivel del mar y la erosión en los litorales amenazan el bienestar de las personas, sus comunidades y la infraestructura. La flora y fauna isleña es más sensible a cambios en temperatura, precipitación, y nivel del mar debido a que sus ecosistemas han evolucionado de manera aislada luego de la separación de las masas continentales, y debido al hecho mismo de que están en islas, no pueden moverse a áreas adyacentes. Aunque podemos encontrar islas en todas las latitudes, como por ejemplo Australia, Indonesia, el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, la mayoría se encuentra en latitudes tropicales cerca de la línea ecuatorial, donde también el impacto de temperaturas extremas es más marcado.
Pero la vulnerabilidad de las naciones isleñas no se debe solamente a su entorno natural. Históricamente, muchas islas han sido intervenidas por los países del norte global, sus recursos naturales y culturales extraídos para alimentar el voraz apetito de las revoluciones mercantiles, industriales y capitalistas de los países de Europa Occidental y de los Estados Unidos, desatadas en siglos pasados. Los pueblos originarios isleños fueron convertidos en súbditos o esclavos de los reinos que los invadieron, y sus economías fueron desarrolladas en función de las necesidades geopolíticas de los países colonizadores. Esto ha resultado en importantes vulnerabilidades socioeconómicas, políticas y de gobernanza que limitan la capacidad de respuesta de los territorios no incorporados ante los cambios climáticos.
Hoy día, los territorios insulares son el puente a través del cual pasan los continuos impactos climáticos catastróficos que llegan luego al resto de los Estados Unidos y el mundo. Su sufrimiento anticipa el potencial de destrucción en los continentes. Al encontrarse desprovistos de mecanismos y recursos para enfrentar los embates del cambio climático, los territorios insulares enfrentan riesgos severos para su propia existencia.
Por ejemplo, en el atolón de Majuro en las Islas Marshall, donde viven unas 30,000 personas, un incremento en el nivel del mar de apenas 91 centímetros (alrededor de 3 pies)—pronosticado por la ciencia en base a la trayectoria global de emisiones de carbón—sumergiría al atolón de manera permanente.
En 2017, Puerto Rico y las Islas Vírgenes fueron azotadas en secuencia por los huracanes Irma y María, destruyendo todo a su paso y dejando una estela de miseria y muerte en territorios con infraestructura social, económica y energética ya de por sí muy maltratada por décadas de coloniaje. En Guam, Samoa, y las Marianas las elevadas temperaturas del océano están causando que las algas que alimentan los arrecifes de coral los abandonen, quedándose los corales sin alimento y en peligro de morir. La forma en que se atiendan estas situaciones de destrucción y riesgo determinará el futuro de sus ecosistemas y poblaciones.
La propuesta Ley de Cambio Climático para Áreas Insulares busca atender la crisis climática en territorios insulares de EE.UU.
En octubre del 2020, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes del Congreso de los EE.UU, anunció la creación de la Ley de Cambio Climático para Áreas Insulares (Insular Areas Climate Change Act en inglés), un proyecto de ley cuyo propósito es reducir los impactos climáticos en los territorios insulares no incorporados. El congresista Raúl Grijalva (D-AZ), presidente del Comité, reafirmó la obligación del Congreso de tomar acción para proteger las vidas y el bienestar de las personas en la Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, y las Islas Vírgenes Americanas.
El boceto del proyecto, el cual se encuentra en proceso de recibir comentarios del público, busca la creación de programas y dependencias gubernamentales enfocados en la planificación, manejo e implementación de recursos energéticos, la investigación científica, y la provisión de recursos económicos para los territorios insulares no incorporados. Es un buen punto de partida y demuestra el compromiso de atender la crisis climática en los territorios.
Sin embargo, el proyecto de ley requiere mecanismos que ayuden a: primero, atender las causas verdaderas de la vulnerabilidad climática en los territorios insulares; segundo, integrar el conocimiento y la gestión local que ya poseen y llevan a cabo las comunidades afectadas en los territorios; tercero, promover la colaboración entre la sociedad civil y entidades gubernamentales; y finalmente, comunicar con transparencia en inglés tanto como en español los resultados de los informes creados por los grupos de trabajo que implementarán la ley.
En particular, ofrecemos las siguientes recomendaciones para llenar estos vacíos y lograr un proyecto de ley que realmente cumpla su objetivo de ayudar a los territorios insulares:
1- Incorporar definiciones más precisas que reflejen tanto la vulnerabilidad climática como política de los territorios insulares
El vocablo “territorios” incluye los territorios no incorporados de la Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, y las Islas Vírgenes Americanas. Los territorios no incorporados “pertenecen a, pero no son parte de” los EE.UU., y en los mismos la constitución americana no aplica en su totalidad (“belonging to, but not part of…”; véase los Casos Insulares sobre Puerto Rico y las Filipinas). Esto añade una nueva dimensión de vulnerabilidad climática a los territorios ya que no cuentan con los mismos mecanismos constitucionales de los que disfrutan los 50 estados de la Unión para pedir o recibir apoyo del gobierno federal.
El proyecto de ley debe referirse a los territorios insulares como territorios no incorporados, reconocer la falta de poder político y gobernanza en los mismos debido a que la constitución de EE.UU. aplica de manera selectiva, y propiciar el desarrollo de mecanismos que incrementen su capacidad de responder a la crisis climática que enfrentan. El proyecto de ley debe codificar el que la gobernanza y manejo de la crisis climática no se limite a la colaboración entre el gobierno federal e insular, o sea, que incluya sectores de la sociedad civil como organizaciones no-gubernamentales y de base comunitaria, así como académicos y científicos insertados en trabajo comunitario, quienes poseen amplio y profundo conocimiento local esencial para la búsqueda de soluciones.
2- Integrar el conocimiento local en la formulación de soluciones
El conocimiento local se refiere al saber único creado por una cultura o sociedad particular, y consiste del conocimiento o ciencia indígena, tradicional o folclórico. El conocimiento local entre las comunidades insulares es instrumental para la producción de alimento y albergue, tanto como para retomar control sobre sus vidas y bienestar. El mismo se desarrolla y transmite de generación en generación como mecanismo de adaptación ante los retos socioambientales y agroecológicos. Se nutre de valores culturales, y es tan esencial para el desarrollo sustentable como lo son la infraestructura física y el capital financiero.
La Ley de Cambio Climático para Áreas Insulares debe incorporar actores políticos locales del sector no-gubernamental, organizaciones de base, así como académicos y científicos insertados en trabajo comunitario, quienes han liderado la recuperación comunitaria ante los recientes embates climáticos en las áreas insulares. La participación de estos sectores de la sociedad civil es esencial para garantizar la resiliencia climática al reflejar soluciones acordes a las necesidad locales más allá de lo que pudieran lograr políticas del gobierno federal o territorial. En lo particular:
- Integrar miembros de la sociedad civil como miembros y consultores directos de los grupos y programas propuestos a través del proyecto.
- El estudio propuesto como parte del plan integral de energía (Comprehensive Energy Plans) debe identificar la vulnerabilidad energética y como está distribuida entre los distintos sectores económicos tanto como entre la población;
- El programa de investigación sobre cambio climático insular (Climate Change Insular Research Grant Program) debe establecer protocolos que garanticen formas saludables de colaboración comunitaria y el desarrollo de la capacidad de trabajo de actores políticos y las redes locales existentes para administrar becas y otros programas de fondos.
- El programa de reembolso Energy Star (Energy Star Rebate) debe priorizar la inclusión de los grupos más vulnerables, apoyar gestiones locales existentes en los territorios y priorizar la instalación directa de equipos de energía renovable.
3- Fortalecer el funcionamiento del Grupo de Trabajo Interagencial (Interagency Task Force)
- Incluir como miembros del Grupo de Trabajo Interagencial actores políticos del gobierno local y miembros de la sociedad civil no-gubernamental, líderes comunitarios, organizaciones de base, académicos y científicos, quienes actualmente se encuentran insertados en trabajo ambiental comunitario;
- Se deben especificar más las tareas que ejecutará el Grupo de Trabajo amplificado, para asegurar que puedan promover los objetivos de sostenibilidad y resiliencia a través de los procesos de planificación, implementación y evaluación de los programas.
- El Grupo de Trabajo Interagencial debe promover la integración y participación amplia de actores locales para así cumplir con la obligación del mismo de rendir cuentas, facilitar la cooperación e integración del conocimiento local y fortalecer su credibilidad.
4- El informe exhaustivo (comprehensive reporting) debe estar al alcance de la población
- Los informes redactados por el Grupo de Trabajo Interagencial deben estar disponibles de manera electrónica e impresa, tanto en inglés como en español.
- Se deben incluir guías más específicas sobre lo que minimamente se debe incluir en esos informes.
Claramente, la Ley de Cambio Climático para Áreas Insulares propone programas de gran alcance y una inversión substancial de recursos. Los cambios que sugerimos son muy esenciales para lograr que los recursos sean invertidos de forma efectiva y promuevan la resiliencia de nuestras comunidades insulares y sus ecosistemas. Es contraproducente que la ley requiera solamente colaboración entre los gobiernos ejecutivos a nivel local y federal, especialmente cuando consideramos que los territorios insulares sufren vulnerabilidades serias relacionadas a la falta de poder político y de gobernanza.
Un grupo de académicos y profesionales expertos en las áreas de cambio climático, sostenibilidad energética, y construcción de resiliencia hemos elevado nuestras preocupaciones al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. Desde nuestras organizaciones—la Unión de Científicos Conscientes y el Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia de la Universidad de Puerto Rico—abogamos por estos cambios. Para nosotres es evidente que, incluso cuando los territorios insulares tienen poblaciones e historias muy diversas, la inclusión de actores locales y priorización del conocimiento local ayudarán a balancear el poder y corregir las fallas sistémicas que han dejado a nuestras poblaciones tan vulnerables y heridas. El Congreso de EE.UU. no debe perder esta oportunidad de corregir el curso de la historia de sus territorios.