Derrick Jackson

La lucha por una respuesta justa al COVID-19

, fellow | April 6, 2020, 2:58 pm EDT
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This post is a part of a series on COVID-19 and the Coronavirus Pandemic

Si bien los huracanes Katrina y María turbaron las vidas de las familias afroamericanas y latinx, la recalada del coronavirus trae un temporal de otra magnitud. Un Categoría 5 de enfermedades contagiosas, el coronavirus tiene la capacidad de aplastar las maltrechas comunidades debilitadas ya por las injusticias ambientales, económicas y de salud.

Si la respuesta y los esfuerzos de ayuda no tienen adecuadamente en cuenta las desigualdades existentes, la pandemia actual amenaza con dar un golpe de gracia al sueño americano.

“Hay todo un segmento de la sociedad que es invisible para los formuladores de políticas, y todo lo que he oído hasta el momento sobre cómo es que tenemos que lidiar con el coronavirus supone que todos tenemos el mismo nivel de riqueza”, dice Robert Bullard, profesor distinguido de Planificación Urbana y Política Ambiental de Texas Southern University, y considerado “el padre” de la justicia ambiental. “Están formulando políticas desde una posición privilegiada. Si los invisibles siguen siendo invisibles para los formuladores de políticas, creará un segundo desastre”.

La pregunta del momento es si el país puede evitar este segundo desastre. El coronavirus nos ofrece la oportunidad de declarar, con nuestras decisiones políticas y médicas, que no colocaremos la capa invisible sobre las víctimas de desastres que históricamente han sido marginadas, como se hizo cuando vaciaron de Nueva Orleans a las personas de la clase media negra después de Katrina, y cuando Estados Unidos abandonó cruelmente a los puertorriqueños después de María.

Los primeros indicios no son buenos. Hay crudos ejemplos de cómo los privilegiados pueden hacerse la prueba de diagnóstico del virus, abastecerse de provisiones antes de la recalada y asegurarse de ayuda financiera mucho antes de que lleguemos al pico del contagio. Sin embargo, los heraldos no tienen que dictar el resultado si en esta crisis tratamos económica y médicamente a los desfavorecidos de forma equitativa, en lugar de rechazarlos después de una evaluación rápida.

Los que tienen reciben la prueba

Mientras que la Administración Trump estropeó de manera espantosa los preparativos necesarios para ampliar la disponibilidad de pruebas de diagnóstico de COVID-19, dejando colgados a la mayoría de los estadounidenses en un estado de ansiedad colectiva, actores, atletas, presidentes universitarios como Lawrence Bacow de Harvard y políticos como el Senador de Kentucky Rand Paul, han podido hacerse la prueba.

En términos matemáticos, quizás uno de los ejemplos más reveladores ha sido el de Utah Jazz.

Cuando se sospechó que un jugador del Utah Jazz tenía el coronavirus mientras estaba en Oklahoma City para el partido de la National Basketball Association, el estado de Oklahoma realizó 58 pruebas para el grupo entero que viajaba con el equipo. En ese entonces, los Estados Unidos tenían un número tan limitado de kits de diagnóstico que los laboratorios estatales contaban con solo 55 pruebas por estado, según el Daily Beast.

Aunque esas pruebas afortunadamente dieron lugar a la cancelación nacional de deportes para espectadores, festivales musicales y conferencias empresariales, también simbolizaron la división entre los que tienen y los que no tienen. Muchos otros equipos de la NBA se realizaron la prueba gracias a relaciones oficiales con centros médicos de alto nivel y servicios privados. Un oficial de la NBA le dijo al Washington Post, “Teníamos, y todavía tenemos, pruebas listas para nuestros jugadores”. El oficial dijo que la prueba se podía obtener, “con una simple llamada telefónica”.

Ese nivel de acceso enojó al alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, y con razón. Él escribió en Twitter, “Un equipo entero de la NBA NO debería hacerse la prueba de diagnóstico de COVID-19, cuando hay pacientes gravemente enfermos esperando la prueba. Las pruebas no deberían ser para los adinerados, sino para los enfermos”.

O considere cuando se vaciaron los supermercados por la compra por el pánico a la escasez, un fenómeno que claramente sirve a aquellos con ingresos disponibles y deja estantes vacíos para los desfavorecidos. Irónicamente, algunos de los que se quedaron con las manos vacías fueron los mismísimos jornaleros que habían cosechado las verduras destinadas a esos estantes vaciados.

En el norte del estado de Nueva York, Luis Jiménez, que encabeza el grupo de jornaleros inmigrantes Alianza Agrícola, le dijo a la revista American Prospect y a Capital & Main, una organización noticiera sin fines de lucro de California, que, “Nosotros no podemos comprar comida hasta que salgamos del trabajo, y a esa hora ya están los estantes vacíos–no hay arroz, huevos ni carne”.

El egoísmo que ya está a la vista en el clamor de las empresas por los fondos de rescate, empezando por la petición que hizo la industria aerolínea por $50 mil millones. Una petición que hizo a pesar de que la industria tiene fama de utilizar dinero regalado para recomprar acciones y aumentar las ganancias de sus accionistas, en lugar de utilizar los fondos para mejorar los servicios al cliente, aumentar el sueldo de los empleados o crear fondos de emergencia. Hasta el momento, el presidente Trump ha dicho, “Vamos a respaldar las aerolíneas al 100 por ciento”.

¿Quién respalda a los trabajadores?

No existe promesa semejante para apoyar al 100 por ciento a los trabajadores que mantienen funcionando los Estados Unidos con su trabajo humilde y honesto: de los cajeros de tienda a los que trabajan en la limpieza de los hoteles; y de los trabajadores agrícolas a los meseros de restaurantes. Hay que hacer mucho más para cuidar de estos trabajadores que representan la columna vertebral de las ganancias de las empresas Fortune 500, pero que son los primeros en sufrir pérdidas financieras durante una crisis económica.

El propuesto pago único de hasta $3,400 por cada familia de cuatro personas ni siquiera se acerca al salario mensual promedio en Estados Unidos de $5,734, según la calculadora de salario digno del Massachusetts Institute of Technology (MIT, por sus siglas en inglés). Los trabajadores indocumentados ni siquiera reciben un cheque. La moratoria de ejecución hipotecaria de 60 días para propietarios de viviendas no cubre los 40 millones de inquilinos de Estados Unidos. Esa es una gran consideración, ya que casi las tres cuartas partes de las familias blancas poseen hogares, mientras que menos de la mitad de las familias afroamericanas y latinas son dueñas de sus propias casas.

En otro ámbito, en el que los trabajadores pobres apenas cuentan con algún respaldo, solo alrededor del 20 por ciento de los trabajadores del sector privado están cubiertos por la nueva legislación laboral de licencia pagada por enfermedad por razones especificadas y relativas al coronavirus. Según el New York Times, unas 2 millones de personas trabajan solo en McDonald’s, Walmart, Kroger, Subway, Burger King, Pizza Hut, Target, Marriott, Wendy’s y Taco Bell y todos normalmente carecen de licencia con paga completa por enfermedad. En los últimos días, el presidente Trump ha elogiado a muchas de esas compañías por comprometerse a ofrecer comidas de recogida y espacio de estacionamiento para realizar las pruebas de detección de virus en el auto.

Muchas de esas compañías han protegido temporalmente sus relaciones públicas al ofrecer dos semanas de licencia con paga completa por enfermedad por el COVID-19. Sin embargo, si el coronavirus resulta ser similar a la gripe de 1918, que mató a 675,000 estadounidenses en tres oleadas, necesitamos una licencia por enfermedad permanente para responder a futuros casos de enfermedad. Según el Washington Post, mientras que el 75 por ciento de los estadounidenses reciben algunos días de enfermedad remunerados, solo el 25 por ciento de los trabajadores de comida rápida los tienen. Estados Unidos también es el único país del mundo desarrollado que no tiene licencia familiar remunerada. En una encuesta del 2013 realizada por el Centers for Disease Control and Prevention (CDC, la agencia de salud pública nacional), el 60 por ciento de los trabajadores del sector alimenticio dijeron que habían trabajado mientras estaban enfermos y el 43 por ciento dijeron que habían ido a trabajar porque no había una política de baja por enfermedad.

Los republicanos del Congreso se rehúsan firmemente a considerar la posibilidad de que las licencias sean permanentes, a pesar de que, según la ciencia, será mejor para todos si los trabajadores de bajos salarios tuvieran estas redes de seguridad. La licencia familiar es particularmente beneficiosa para las madres de bajos recursos, ya que reduce la incidencia de nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, mortalidad infantil y problemas de salud materna. También resulta en una mejor salud a largo plazo para los niños desfavorecidos, con menos obesidad y déficit de atención. Un estudio claramente señaló que, “La licencia por maternidad tiene un impacto particularmente grande en los hijos de madres solteras y negras”.

Las desigualdades que explota el coronavirus

El riesgo del tratamiento desigual está incorporado incluso en el consejo aparentemente universal que estamos recibiendo de “estamos unidos en la lucha” por protegernos y detener la propagación del coronavirus. Lawrence Reynolds, un pediatra de Flint, Michigan, ve esto claramente. Reynolds formó parte del grupo de trabajo de Michigan del 2016 que determinó que la crisis del agua de Flint, donde el 54 por ciento de la población es afroamericana, era “una historia de fracaso gubernamental, intransigencia, falta de preparación, retraso, inacción e injusticia ambiental”.

Reynolds se jubiló hace un año, pero el alcalde de Flint le pidió que sirviera de consultor para el cuidado de COVID-19.

Él dice que ya ve cómo la vida cotidiana de las personas desfavorecidas no se considera en los avisos de salud pública. “Practiquen distanciamiento social”, dijo. “Eso es mucho más fácil de hacer para una familia que tiene una casa unifamiliar donde pueden separarse dentro de la casa y que tiene un patio trasero para tomar aire fresco en privado. Eso es mucho más difícil para las personas que viven en apartamentos pequeños en edificios donde las personas siempre se cruzan en los pasillos. Nadie ha desarrollado una estrategia sobre cómo se supone que esa gente practique el “distanciamiento social”.

Ana Baptista, presidente del Programa de Política Ambiental y Gestión de Sostenibilidad del Centro Tishman de Diseño y Ambiente de New School, se preocupa sobre las tasas más altas de COVID-19 entre las personas de color, ya que es más probable que no tengan un trabajo que les permita trabajar a distancia. Aunque el 37 por ciento de los asiático americanos y el 30 por ciento de los blancos americanos dijeron en el censo que pueden trabajar desde casa, solo el 20 por ciento de personas afroamericanos y el 16 por ciento de gente latinx dijeron que podían trabajar de casa. Solo un 9 por ciento de trabajadores con salarios bajos, que se encuentran en el cuartil más bajo de asalariados, dicen que pueden trabajar a distancia, comparado con el 62 por ciento del cuartil más alto.

Una categoría laboral que requiere que los trabajadores se presenten al lugar de trabajo es el hospital y el hogar de ancianos. Una tercera parte de los auxiliares de enfermería, psiquiatría y salud en el hogar y una cuarta parte de los enfermeros vocacionales que trabajan bajo la supervisión de enfermeros licenciados y médicos son negros, y una cuarta parte de los asistentes médicos son latinx–muy por encima de su representación en la población general. Tanto Baptista como Reynolds señalan acertadamente que la escasez actual de equipo de protección para nuestros trabajadores de atención médica y otros trabajadores de primera línea marca no solo una falta desmesurada del gobierno federal en sus preparativos, sino también una que afectará desproporcionadamente a los trabajadores de color.

El distanciamiento social también ha creado otras ironías para los trabajadores pobres y las comunidades que inhalan de manera desproporcionada las partículas de la contaminación. Con las tiendas minoristas cerradas, Amazon dice que contratará a 100,000 personas para satisfacer la explosión de compras en línea. Se han publicado informes que dicen que el ritmo frenético con el que se mueven los equipos laborales en los almacenes lo hace imposible que este ejército de trabajadores de bajos ingresos observen el dictamen de mantenerse a seis pies de distancia de sus compañeros.

Algunos trabajadores en más de una docena de instalaciones de Amazon en Estados Unidos han dado positivo por coronavirus, y más de 1,500 trabajadores han firmado una petición que exige medidas de seguridad intensificadas. En el mundo de los trabajadores agrícolas inmigrantes, Jiménez dice que las condiciones de vida también hacen que el distanciamiento social sea irrelevante. “Vivimos de 8 a 10 personas en una casa, entonces, ¿cómo nos aislaríamos? Algunos tienen su propia habitación, pero conozco una finca donde todos duermen en literas en una habitación grande. En el trabajo tenemos que ayudarnos mutuamente todo el tiempo, como cuando tenemos que mover una vaca. No puedes hacer esto solo”.

El aumento en el comercio en línea también implica un mayor tráfico de camiones. Los defensores de la justicia ambiental temen que el aumento de los gases de escape alrededor de las instalaciones de Amazon aumente la contaminación del aire en los vecindarios colindantes, aumentando las enfermedades y la vulnerabilidad a COVID-19. Según un estudio histórico el año pasado, si bien los hogares blancos en Estados Unidos generan la mayoría de la contaminación por partículas finas que dañan los pulmones y el corazón consumiendo bienes y servicios, son los vecindarios de los afroamericanos y latinx que inhalan una parte desproporcionada de esta contaminación. Según el mismo estudio, 83,000 muertes prematuras se deben a este comercio.

“Básicamente, todo lo que hacemos y todo lo que compramos representa esas 80,000 muertes”, dice el co-autor Jason Hill, un investigador de ingeniería de biosistemas de la Universidad de Minnesota.

Pruebas en el auto—si tiene auto

Otra respuesta que los formuladores de políticas suponen que se puede aplicar a todo el mundo es la administración de pruebas de diagnóstico en el auto. Aunque estos lugares de pruebas de diagnóstico en el auto han sido efectivos en varios países como Coreo del Sur, esta medida de diagnosticar requiere, por supuesto, que uno tenga auto.

La propiedad de vehículos es casi universal entre los blancos estadounidenses: el 93,5 por ciento de los hogares blancos tienen auto. Pero según el National Equity Atlas, los hogares latinx y nativos americanos tienen el doble de probabilidades que los hogares blancos de no tener auto y los hogares afroamericanos tienen tres veces más probabilidades de no tener auto. El porcentaje de afroamericanos sin automóvil oscila entre el 30 y el 50 por ciento en muchas ciudades, incluyendo Milwaukee, Chicago, Pittsburgh, St. Louis, Cleveland, Minneapolis, Miami, Atlanta y San Francisco.

Para complicar el problema, se ha planificado que muchas de estas instalaciones de pruebas en el auto se ubicarán en los estacionamientos de Walmart y Target. Pero las tiendas grandes a menudo se encuentran fuera de los centros urbanos, es difícil llegar a pie, y no son de acceso fácil por transporte público. Tal es el caso en el sureste de Chicago, dijo Peggy Salazar, directora ejecutiva de la Fuerza de Tarea Ambiental del Sureste. El grupo de Salazar ha luchado contra la ceniza de carbón, el polvo de manganeso y la contaminación por plomo en vecindarios apretados entre industrias tóxicas en el río Calumet en Chicago y refinerías justo al otro lado de la frontera en Indiana.

“Me puedo tomar hora y media en llegar al centro de Chicago en transporte público”, dice Salazar. “Estamos tan aislados aquí que si uno no tiene auto, es difícil”.

Y con el distanciamiento social, no es como si pudieras pedirle a un vecino que te lleve. En una columna de 2016 para el Boston Globe, Clayborn Benson, un viejo amigo y director fundador de la Wisconsin Black Historical Society, me dijo que sabe de innumerables afroamericanos en Milwaukee que “no pueden conseguir trabajo en los suburbios porque no pueden conducir. Incluso si pueden conducir, pierden empleos porque no pueden comprar buenos autos y se descomponen”.

La crisis de COVID-19 le ofrece a Estados Unidos una oportunidad de evitar una respuesta más que se divide otra vez según líneas de color y clase y trata a los menos privilegiados como si fueran prescindibles. Por ejemplo, si los niveles disparados de compras en línea se hacen una parte permanente de nuestra economía, los gobiernos locales y estatales ya no deberían ubicar los almacenes, ni mapear rutas de transporte por camiones que emiten diésel, en las comunidades que colindan con las zonas industriales; comunidades ya saturadas por la contaminación. En esas comunidades, la tasa de enfermedades respiratorias como el asma ya son fuera de serie para los afroamericanos y latinx, lo cual los pone en mayor riesgo de sufrir enfermedades serias como COVID-19.

Los responsables de formular políticas deberían conseguir la manera de asegurar que los vecindarios que sufren inseguridad alimenticia logren esa seguridad. La falta de supermercados de calidad y la sobresaturación de cadenas de comida rápida que dirigen mucho su publicidad a los niños y ofrecen juguetes gratis han causado niveles de diabetes y obesidad más altos que entre la población blanca. La diabetes es otra enfermedad que el COVID-19 puede explotar. Dennis Derryck, fundador del Corbin Hill Food Project que entrega productos frescos a los residentes de bajos recursos de la Ciudad de Nueva York, dice que el gran número de problemas de salud hace que una gama más amplia de personas sea más vulnerable al coronavirus. “Definimos los ancianos en Harlem como gente que tiene apenas 55 años, dadas las disparidades de salud”, dice.

Reynolds dijo que también deberíamos cambiar nuestra relación con el agua. Ya que se les dice a todos que deben lavarse las manos constantemente, muchas ciudades de bajos recursos que impusieron facturas de agua imposibles a los residentes de bajos ingresos han dicho que no le cortarán el agua a nadie por el momento. Reynolds piensa que esto debería marcar el final de los cortes de agua, punto, y dice: “El agua es un derecho humano”.

Quizá la pregunta más urgente es, qué pasará con las personas afroamericanas y latinas, quienes son dos veces más propensas que las personas blancas a usar la sala de emergencias para su atención médica no urgente, a medida que los centros médicos les digan a los pacientes que están posponiendo la atención médica “no urgente” en preparación para el auge de casos de COVID-19 en las salas de emergencias.  ¿Serán desplazados desproporcionadamente?

Hace poco, el NAACP emitió una guía de recursos que señala los obstáculos que deberían evitar los formuladores de políticas para que la respuesta nacional al coronavirus no exacerbe la desigualdad. Además del acceso a las pruebas de diagnóstico, el salario de los trabajadores y la protección de los trabajadores de la salud de primera línea y aquellos en las industrias esenciales de servicios y transporte, la lista incluye:

  • Asegurar el acceso a la educación de calidad en línea durante el largo cierre de escuelas, aún en los distritos de escuelas públicas con menos recursos;
  • Prevenir que la crisis se convierta en una excusa para aumentar el número de ataques racistas (lo cual ya es una realidad para los asiáticos americanos, con el Presidente Trump llamándole al coronavirus “el virus chino” a propósito);
  • Frenar la militarización de políticas de inmigración que ya se han dirigido a las poblaciones latinx;
  • Abordar el riesgo de exposición al virus que corren los prisioneros que se encuentran encarcelados y se mueven juntos en estrecha proximidad;
  • Garantizar que nuestra democracia no se vea afectada por las interrupciones en la realización del censo, las demoras en las primarias o la reubicación de los centros de votación para que queden lejos de los centros de ancianos y sus electores fiables, pero vulnerables.

El Centro para el Progreso Estadounidense y el Instituto Kirwan para el Estudio de la Raza y la Etnia de Ohio State University también pidieron al país que atienda los múltiples niveles de desigualdades, instando a una moratoria sobre los desalojos, ejecuciones hipotecarias, multas por pagos tardíos de automóviles y tarjetas de crédito, y otorgándole a todos los trabajadores licencia por enfermedad pagada y licencia familiar. Al hacer la petición, el centro dijo: “Es importante tener en cuenta que estas comunidades carecen de riqueza no debido a decisiones individuales, sino a 400 años de daños colectivos por parte de los gobiernos federales, estatales y locales que se acumulan con el tiempo”.

Asegurar el acceso a la atención médica

Finalmente, es sumamente importante que nuestra respuesta a la pandemia no revierta los logros en el acceso a la atención médica obtenidos bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act, o ACA, en inglés) promulgada durante la administración del presidente Obama.

Bajo la ley, la tasa de latinos no ancianos sin seguro disminuyó de un 33 por ciento en 2010 a un 19 por ciento en 2016, según la Kaiser Family Foundation. Entre los afroamericanos, la tasa bajó de un 20 por ciento a un 11 por ciento; entre nativos americanos y nativos de Alaska bajó de un 32 por ciento a un 22 por ciento; y entre asiático americanos bajó de un 17 por ciento a un 7 por ciento. Sin embargo, las tasas de personas sin seguro médico se han anivelado o han empezado a subir debido a los ataques continuos dirigidos contra la ACA por los republicanos y la administración de Trump.

Esto es lo último que debería estar sucediendo, ya que los afroamericanos, latinos y nativos americanos tienen dos o tres veces más probabilidades de estar en la clase trabajadora de bajos ingresos, y aún son significativamente más propensos a no tener seguro. Es lo último que se necesita en las comunidades donde la mala salud de la población está integrada en el ambiente local.

También es lo último que necesitan los estadounidenses que trabajan duro, son mal pagados y que se ven obligados a vivir en viviendas asequibles, o que tienen que vivir en hogares de tres generaciones, con los abuelos cuidando significativamente a los nietos mientras que la madre en el medio se va a trabajar. Esto ocurre con mayor frecuencia en familias de color y se ve especialmente en muchos barrios de personas negras gravemente perjudicados por el encarcelamiento masivo y la fuga de empleos del siglo pasado. Cinco veces más mujeres afroamericanas que mujeres blancas llegan a los 40 años sin haberse casado nunca.

“Todos somos los salvavidas de los demás”, dice Bullard. “Es posible que la hija tenga dos trabajos, pero si la despiden, no tiene licencia pagada, no tiene seguro médico. Es posible que la abuela tenga 62 años y todavía no tiene Medicare. Sabemos que los niños pueden ser portadores sin enfermarse, y si el niño llega a casa e infecta a la abuela…matas a la abuela y matas el cuidado del niño. El coronavirus pone de manifiesto qué castillo de naipes son estas comunidades”.

La complacencia y la confusión de la administración Trump en su primera respuesta a la pandemia contribuyeron a la falta de decisión en cerrar sus puertas las iglesias, escuelas, salas de conciertos y museos.  ¿Quién sabe cuánto ayudó ese caos a propagar el virus? Es posible que todos estaremos separados por un distanciamiento social durante mucho más tiempo de lo que podría haber sido necesario debido a la distancia entre esta administración y la ciencia.

Por eso es aún más imprescindible que no se pierdan las personas que viven alejados del privilegio y más cerca de la contaminación en el esfuerzo por detener la pandemia y regresar a un cierto sentido de normalidad. Una señal preocupante de que esto a la Casa Blanca no le importa un comino se vio a fines de marzo cuando la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) anunció que suspendería la ejecución de las normas ambientales durante la crisis del coronavirus.

La EPA dijo que estaba tratando de “proteger a los trabajadores”. Pero dado que la EPA está dirigida por un ex cabildero del carbón que quiere reducir el personal a 12,610 (la agencia tuvo hasta 17,000 empleados durante la administración de Obama), es probable que sean muy malas noticias para las comunidades que viven al lado de la industria.

Un cliché entre los afroamericanos es que cuando los blancos se resfrían, los negros contraen neumonía. Ahora que todo Estados Unidos enfrenta la neumonía de COVID-19, Estados Unidos no debería cometer los mismos errores que cometió con Katrina y María. El coronavirus nos golpeará por mucho más tiempo que el peor de los huracanes. No debemos permitir que aplasten las comunidades de justicia ambiental en el proceso.

 

 

Derrick Jackson

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